Las Comunidades Rurales y el Sistema Pensional Colombiano: Perspectivas y Desafíos Bajo la Ley 2381 de 2024 Rural Communities and the Colombian Pension System: Perspectives and Challenges Under Law 2381 of 2024

Resumen

Este artículo analiza la inclusión de las comunidades rurales en el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte, establecido en la Ley 2381 de 2024. En primer lugar, se caracteriza a las comunidades rurales a partir de datos de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, destacando problemáticas estructurales como la alta informalidad laboral, los ingresos estacionales y el acceso limitado a servicios básicos. También se realiza un análisis crítico de los pilares del sistema pensional (solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro voluntario y finalmente, se identifican las disposiciones específicas orientadas a la inclusión de las comunidades rurales en el sistema pensional. La investigación es cualitativa con enfoque hermenéutico, utiliza herramientas como el análisis normativo, la revisión bibliográfica y la sistematización de datos estadísticos para contextualizar las disposiciones legales en relación con las realidades del campo colombiano. Se concluye que, aunque la Ley 2381 de 2024 representa un avance hacia la equidad en el acceso a la seguridad social, su efectividad depende de superar desafíos clave en su implementación. Es fundamental fortalecer los recursos destinados a los pilares solidarios y semicontributivos, flexibilizar y simplificar los requisitos del pilar contributivo y desarrollar estrategias adaptadas a las condiciones del campo colombiano, como programas de alfabetización financiera, conectividad tecnológica y apoyo operativo para las comunidades rurales. Sin estas modificaciones, el sistema pensional podría perpetuar las desigualdades históricas que afectan a estas poblaciones, impidiendo que se logre la verdadera universalidad y progresividad consagradas en la Constitución. Solo mediante un enfoque integral y una implementación eficiente será posible garantizar una protección social efectiva y digna para las comunidades rurales en materia pensional.